En Francia, hablar con la Administración es una actividad profesional, regulada y a la vista de todos. Desde 2017, quien quiere influir en una decisión pública debe inscribirse en un registro oficial y declarar qué hace. A finales de 2025 ese registro reunía 3.526 organizaciones, una cifra que ha crecido cada año desde su creación, y más de 107.000 actuaciones declaradas que cualquiera puede consultar.
Entre esas organizaciones hay cada vez más consultoras de asuntos públicos. No es casualidad. La regulación es más compleja, las decisiones se toman en más niveles y el margen para improvisar es menor. Las empresas han entendido que necesitan a alguien que conozca el terreno.
¿Qué aportan? Al empresario, tres cosas. Anticipación, porque le avisan de la norma que viene antes de que le afecte. Interlocución, porque saben a quién dirigirse y cómo hacerlo. Y claridad, porque convierten una necesidad legítima en una propuesta que la Administración puede estudiar.
A las instituciones les aportan algo que suele olvidarse: información. Un responsable público decide mejor cuando conoce el efecto real de una medida sobre un sector. Una consultora seria ordena ese diálogo, lo hace más técnico y evita que cada empresa llame a la puerta por su cuenta.
El modelo francés demuestra que transparencia y representación de intereses no son incompatibles. Al contrario: cuando la actividad se hace con registro y con reglas, gana legitimidad y deja de asociarse a pasillos y favores.
España va por detrás, pero va en la misma dirección. Las empresas que aprendan hoy a relacionarse con las instituciones con método y rigor tendrán ventaja cuando esa relación sea, también aquí, una disciplina profesional más.
Alberto Mendoza