La Comunitat Valenciana ya tiene más de 1.700 startups. Lo recordó el pasado 21 de octubre Mónica Payá, directora general de Emprendimiento de la Generalitat. Y añadió algo más revelador: «Trabajamos para evitar que un proyecto nacido aquí tenga que irse fuera para seguir creciendo».
Esa frase resume el problema. Aquí se crean empresas. Lo difícil es hacerlas grandes.
El talento existe. Las ideas, también. Lo que falta es capital en el momento decisivo: cuando una empresa necesita contratar, abrir mercados o pasar de diez a cien empleados. Ahí muchos fundadores descubren que el inversor capaz de firmar el cheque grande no está en Valencia, y a menudo ni siquiera en España.
Un estudio del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea pone cifra al fenómeno: solo un 3% de las startups europeas con capital riesgo traslada su sede al extranjero, sobre todo a Estados Unidos. Parecen pocas, pero suelen ser las más ambiciosas. Y cuando se va la sede, se van las decisiones, la propiedad y, con el tiempo, buena parte del valor.
¿Y qué hace el Estado mientras tanto? Recaudar. En 2025 los ingresos por impuestos y cotizaciones crecieron un 8,4%, frente al 5,8% del PIB nominal, según CaixaBank Research. El gasto público subió un 5,5%. El Estado crece más deprisa que la economía que lo sostiene.
El emprendedor lo nota. A finales de 2025 el Gobierno llegó a plantear subidas de hasta 206 euros al mes en la cuota de los autónomos con más ingresos. Solo la movilización del sector lo frenó. El mensaje fue claro: a quien arriesga se le mira primero como fuente de ingresos, no como fuente de empleo.
Ese es el error de fondo. Un país que destina cada vez más recursos a sostener su gasto y cada vez menos a quien crea empresas está hipotecando su futuro. El empleo y la riqueza no los genera el presupuesto. Los genera quien arriesga su dinero y su tiempo.
La Generalitat ha dado un paso con un grupo de trabajo sobre financiación, que se reúne de nuevo el 27 de octubre y el 11 de noviembre. Bienvenido sea. Pero sin un marco nacional que premie la inversión en empresas jóvenes, con una fiscalidad atractiva, menos trabas y cuotas razonables, todo se quedará en diagnóstico.
A España no le faltan emprendedores. Le falta un Estado que no los empuje a crecer en otra parte.
Alberto Mendoza