Europa vivió el sábado una jornada que creía impensable. Lo que se convocó como una protesta contra la carestía de la vida terminó, en Francia y en Italia, en saqueos, incendios y asaltos a edificios públicos. El malestar por el precio de la cesta de la compra, los combustibles o los salarios es real y merece respuestas políticas. Pero ninguna reivindicación, por justa que sea, autoriza a arrasar el patrimonio común ni a saquear el negocio de un vecino.
El símbolo más doloroso llegó en Limoges. Al término de la manifestación, un grupo de individuos asaltó el ayuntamiento y prendió fuego a su planta baja. Las llamas devoraron buena parte de la cubierta de este edificio histórico de 1883, y su campanario, emblema de la ciudad, se vino abajo. El edificio está en gran parte perdido.
No fue un hecho aislado. En Marsella, manifestantes encapuchados irrumpieron en el ayuntamiento. En Lyon, la oficina de turismo de la plaza Bellecour fue saqueada e incendiada. Tiendas de ropa de primeras marcas, tecnología, cosmética y telefonía fueron saqueadas en varias ciudades, y el comercio sufrió de forma generalizada. El balance es demoledor: 1.200 detenidos y 150 policías y gendarmes heridos.
El incendio cruzó los Alpes. En Milán, cientos de jóvenes vestidos de negro tomaron la plaza del Duomo lanzando petardos y botellas contra la policía, con unos 50 detenidos. En Bolonia, 36 agentes resultaron heridos o contusionados. En Turín, un grupo de jóvenes irrumpió en una librería y arrojó los libros al suelo; de los 12 detenidos, diez eran menores.
Lo que vimos no fue la expresión del descontento de los trabajadores. Fue la acción de grupos organizados, encapuchados para no ser identificados, que aprovechan cualquier convocatoria para destruir, saquear y enfrentarse a la autoridad. Son jóvenes que no han interiorizado las normas más elementales de convivencia: el respeto a la ley, a la propiedad ajena y a quienes velan por la seguridad de todos. Detrás hay un fracaso que Europa lleva décadas sin querer mirar de frente: el de unas políticas de integración inútiles, de educación cívica y de autoridad que han dejado a demasiados jóvenes al margen de cualquier norma compartida.
Más grave aún es la actitud de cierta izquierda europea, que relativiza, busca «causas profundas» y convierte al vándalo en víctima. En Francia, la derecha ha acusado a los seguidores de Jean-Luc Mélenchon de alentar los disturbios, y Marine Le Pen denunció que las reivindicaciones habían sido secuestradas por la extrema izquierda. Incluso desde la izquierda hay quien traza la línea con claridad: el alcalde socialista de Marsella, Benoît Payan, recordó que las demandas sociales no justifican asaltar edificios públicos ni destruir bienes. Quien justifica el saqueo de una tienda o el incendio de un ayuntamiento no defiende a los más débiles: defiende a quienes los perjudican. El pequeño comerciante que lo pierde todo, el vecino que se queda sin servicios y el trabajador que ve cómo su protesta legítima queda manchada son las verdaderas víctimas.
Europa se construyó sobre una idea de convivencia que bebe en buena medida de la tradición cristiana. La doctrina social de la Iglesia enseña que el bien común, la dignidad de la persona y la paz social son inseparables, y que la justa reivindicación nunca legitima la violencia. El derecho a protestar es sagrado en una democracia; el derecho a destruir no existe.
Por eso la respuesta debe ser firme. El presidente Macron ha advertido que los responsables serán perseguidos y castigados, y esa promesa debe cumplirse: identificación, detención, juicio rápido y reparación de los daños a cargo de quienes los causaron. Si las fuerzas de seguridad se ven desbordadas, como ocurrió el sábado en varias ciudades, los gobiernos no deben descartar el apoyo del ejército para proteger edificios públicos, comercios y colegios, siempre con todas las garantías de un Estado de derecho. Y los partidos que justifican o alientan la violencia deben ser señalados ante la opinión pública por lo que son: cómplices políticos del desorden.
Una sociedad que no protege a quienes respetan las normas acaba premiando a quienes las desprecian. Europa no puede permitírselo.
Alberto Mendoza