En España dimitir es tan raro que, cuando ocurre, parece casi una virtud. Óscar Puente dejó el Ministerio de Transportes el pasado 3 de noviembre, ante la Diputación Permanente del Congreso y tras más de cuatro horas de comparecencia, seis días después del choque de Urda, en el que murieron 69 personas. Lo justificó con una frase difícil de rebatir: «un ministro de Transportes no puede continuar con dos accidentes de esta gravedad en menos de un año». Tiene razón, pero eso ya era cierto en enero, después de Adamuz, y entonces no lo vio así.
Conviene, por tanto, no confundir el gesto con la rendición de cuentas. Dimitir es apartarse, mientras que rendir cuentas es explicar qué falló, quién lo sabía y qué se va a corregir, y de eso, por ahora, hay muy poco. En la misma comparecencia, Puente defendió a la cúpula de Adif y admitió que habría que revisar el modelo ferroviario, lo que suena más a encargo para quien venga después que a balance propio. La causa judicial sigue bajo secreto, los restos de los trenes están a disposición de la jueza y las familias esperan algo más que una salida a tiempo para no figurar en las listas del 29 de noviembre.
Tampoco ayuda el calendario. La dimisión llega en plena precampaña, cuando todos los grupos salvo PSOE y Bildu la habían pedido, y el Gobierno ha cubierto el vacío entregando la cartera, de forma transitoria, al vicepresidente Carlos Cuerpo, que sumará los trenes a la economía durante unas semanas. Es un parche razonable para salir del paso, pero no es un plan para un ministerio que acumula dos tragedias en menos de un año.
Y luego está la otra sombra. Dos días después de la dimisión, la UCO registró la casa de José Luis Ábalos en Valencia, en una nueva pieza secreta del caso Koldo, con seis detenidos que quedaron en libertad horas después y un requerimiento a Adif sobre contratos de obra pública presuntamente amañados. Nada de esto se ha vinculado con los accidentes, y sería injusto hacerlo, pero sí dibuja un ministerio en el que la sospecha y la tragedia llevan demasiado tiempo conviviendo.
La responsabilidad política, además, no se agota en un ministro. Sánchez sostuvo a Puente hasta el final y, según publicó la prensa, la renuncia llegó contra su criterio. Si el presidente creía que debía seguir, también le corresponde explicar por qué, y qué va a cambiar en la seguridad ferroviaria. Irse puede ser digno, pero quedarse a dar explicaciones lo sería aún más. Hasta que alguien lo haga, esta dimisión será un punto final para Puente, pero no para los viajeros.
Alberto Mendoza