El miércoles 28 de octubre, a las 8:54 de la mañana, un AVE que había salido de Atocha rumbo a Sevilla embistió por detrás a un tren de Iryo que estaba detenido cerca de Urda, en Toledo. Entre los dos convoyes viajaban 544 personas, y el balance oficial habla ya de 69 muertos y decenas de heridos, mientras muchas familias siguen esperando una llamada que les confirme lo que más temen.
Lo que sabemos hasta ahora es tan sencillo como terrible. Un fallo en el sistema de seguridad dejó parados varios trenes en la línea Madrid-Sevilla, y desde el centro de control de Adif en Atocha se ordenó al AVE que reanudara la marcha, de modo que recorrió unos 25 kilómetros, a una velocidad que pudo rozar los 200 km/h, hacia un tren que seguía detenido en la misma vía. El propio ministro, Óscar Puente, ha admitido que esa orden incumplía la normativa y los protocolos de Adif, y lo ha calificado de «inexplicable».
Pero inexplicable no es, porque es lo que ocurre cuando todo se degrada y nadie responde. Según El Español, Adif ha comunicado al menos trece incidencias en ese mismo tramo desde que Puente llegó al ministerio, nueve de ellas de señalización, dos por robo de cable y seis solo en lo que va de año. Eran avisos, y cabe preguntarse quién los escuchó, sobre todo cuando todo esto sucede nueve meses después de Adamuz, donde murieron 46 personas y donde también se nos prometió que se investigaría hasta el final y que no volvería a pasar. Ha vuelto a pasar, y con más muertos.
Así que la pregunta es inevitable: ¿dónde van nuestros impuestos? Los españoles pagamos más que nunca, y en 2025 los ingresos por impuestos y cotizaciones crecieron un 8,4%, bastante por encima de lo que creció la economía, de manera que el Estado nunca ha tenido tanto dinero. Sin embargo, ese dinero no se nota en la seguridad de una vía por la que pasan miles de personas cada día.
Se nota, en cambio, en otras cosas, empezando por un Gobierno cercado por la corrupción. El Supremo ha condenado a José Luis Ábalos, su exministro de Transportes, a 24 años de cárcel, y a 19 a su asesor, Koldo García, entre otros delitos por malversación, por usar dinero de empresas públicas para pagar a una persona que no trabajaba. Santos Cerdán, que fue el número tres del PSOE, pasó casi cinco meses en prisión provisional por presuntas mordidas en obra pública, la Audiencia Nacional investiga a Leire Díez, la llamada «fontanera» del partido, el hermano del presidente ha sido condenado por prevaricación y su mujer se sentará ante un jurado. No son casos aislados, sino un sistema, y un sistema así no tiene ni tiempo ni interés para revisar una señal en La Mancha.
Es, además, un Gobierno que ha dedicado la legislatura entera a sobrevivir, pagando cada voto de Junts y de Bildu, el partido que llevó a exmiembros de ETA en sus listas. Cada concesión y cada negociación han servido para mantenerse en el poder, no para que los trenes lleguen a su destino.
Y luego está la respuesta. Puente ha señalado a un operario de Atocha y ha descartado dimitir, de forma que la culpa recae en el último eslabón y la responsabilidad política no recae en nadie. En cualquier democracia seria, un ministro con dos grandes tragedias ferroviarias en un año ya habría presentado su dimisión, pero aquí ni siquiera se plantea.
Pedro Sánchez fue a Urda, habló dos veces, reconoció que dos tragedias en un año «no es asumible». Prometió llegar «hasta el final» y trabajar «día y noche». Son las mismas palabras de siempre. No se atrevió, como cobarde que es, a sentarse junto a un herido, ni fue capaz de abrazar a una sola familia. Los Reyes han ido al hospital y se les nota la empatía, la preocupación por su pueblo.. Un presidente no está solo para comparecer ante las cámaras, está para estar, para mirar a los ojos a quien ha perdido a un hijo, a un padre, a una mujer. Quien no sabe estar con su gente en el peor día no está a la altura del cargo, es el primero que debería dimitir.
Las víctimas de Angrois y de Adamuz lo han dicho mejor que nadie: «No es un hecho aislado ni una desgracia imprevisible», tienen razón, no es mala suerte. Es mala gestión, sostenida en el tiempo y sin consecuencias. Un país que no garantiza que un tren llegue a su destino no tiene un problema técnico. Tiene un problema de gobierno. Y el 29 de noviembre también se vota esto.
Alberto Mendoza