Polariza que algo queda

La polarización política en España no es un accidente ni una consecuencia inevitable de la diversidad ideológica. Es, en buena medida, un producto político deliberado, una estrategia que distintos gobiernos —de todos los colores— han utilizado para consolidar poder, movilizar a los afines y neutralizar a los adversarios. Aunque se presente como un fenómeno social espontáneo, la polarización ha sido alimentada desde las instituciones con una eficacia que ya roza lo preocupante.

El Estado, a través de sus gobiernos y estructuras de comunicación, ha aprendido que dividir funciona. Funciona para tapar errores, para desplazar el foco y para convertir al contrario en un enemigo que justifica cualquier exceso propio. Cuando la ciudadanía deja de discutir sobre políticas públicas y comienza a discutir sobre identidades irreconciliables, el debate democrático se debilita y la responsabilidad política se diluye. No importa tanto lo que se hace, sino a quién se culpa.

El problema no es solo lo que se dice, sino cómo se dice. Los mensajes oficiales, los discursos parlamentarios, la comunicación institucional y hasta las conferencias de prensa están diseñados para reforzar trincheras. Se utilizan palabras que no buscan convencer, sino activar emociones básicas: miedo, rechazo, desconfianza. Cualquier desacuerdo se presenta como una amenaza existencial, cualquier crítica se convierte en un ataque al país, cualquier matiz se descalifica como traición. Y mientras tanto, los ciudadanos se alejan cada vez más entre sí, convencidos de que el otro no solo piensa distinto, sino que es moralmente inferior.

La polarización también se alimenta de una maquinaria mediática que, lejos de contrarrestarla, la amplifica. Medios públicos y privados han entrado en una competencia diaria por ver quién produce el titular más incendiario, el tertuliano más vehemente o la interpretación más alarmista. El Estado, consciente de esta dinámica, la utiliza a su favor: filtra, sugiere, insinúa, coloca relatos y desplaza prioridades. No gobierna solo a través de leyes, sino a través de marcos emocionales. Si la gente discute sobre símbolos, no discute sobre presupuestos. Y esa es precisamente la intención.

Todo ello se traduce en un clima social donde el diálogo se vuelve sospechoso y el consenso, un signo de debilidad. Los ciudadanos se acostumbran a vivir en una lógica binaria: nosotros o ellos, patria o antipatria, progreso o retroceso. Un juego infantil, pero devastador. Porque una sociedad polarizada puede funcionar en tiempos de estabilidad, pero es extremadamente vulnerable en tiempos de crisis. Y España lleva años encadenando crisis.

Lo más inquietante es que esta polarización ya no se limita a la arena política. Ha penetrado en las conversaciones familiares, en los centros educativos, en las empresas, en las redes sociales. El Estado ha convertido la confrontación en un modo de gobernanza, y ese modo comienza a inocularse en la cultura cotidiana. Gente que antes discutía con naturalidad ahora evita hablar. Personas que antes discrepaban ahora se bloquean. No discutimos de ideas: discutimos para ganar. Y cuando se pierde la capacidad de hablar, lo siguiente que se pierde es la capacidad de entender.

La polarización no fue creada por la ciudadanía, pero sí está siendo sufrida por ella. Y mientras la población se agota en debates estériles, el Estado avanza en lo que realmente importa sin recibir el escrutinio adecuado. Ahí está la verdadera utilidad de la división: impide ver el bosque. Impide exigir cuentas. Impide recordar que el poder, en cualquier democracia, debe servir a la ciudadanía y no servirse de ella.

España no necesita menos pluralidad; necesita menos manipulación emocional. Necesita un Estado que no utilice la polarización como estrategia de supervivencia política. Y necesita, sobre todo, una ciudadanía capaz de reconocer cuándo se la está enfrentando para que mire hacia otro lado. Porque cuando la división es dirigida desde arriba, la fractura siempre se paga desde abajo.