A finales de septiembre, unas quinientas personas acamparon en la Puerta del Sol tras una manifestación por la vivienda. En pocas horas, la imagen de las tiendas ocupaba portadas y la izquierda del Gobierno respaldaba la movilización y sus reivindicaciones: congelar precios, prohibir desahucios sin alternativa y expropiar viviendas a los fondos.
Conviene separar dos cosas. El problema de la vivienda existe y preocupa a casi todos. Pero que algo preocupe no significa que la mayoría comparta una solución concreta, y menos la más radical.
Una acampada es, por definición, una minoría muy movilizada. Tiene derecho a protestar. Lo que no tiene es la representación de quienes no estaban allí: los que madrugan, pagan su alquiler o su hipoteca y no ven en la ocupación una respuesta, sino una amenaza. Cuando el CIS preguntó por ello en 2019, una amplia mayoría de los españoles se mostró partidaria de desalojar con rapidez las viviendas ocupadas. Esa mayoría no acampa.
Los partidos que se apresuran a hacerse la foto junto a las tiendas lo saben. No van a escuchar; van a apropiarse de una imagen. Una plaza llena es más útil que un programa: da sensación de respaldo social sin pasar por las urnas ni por los datos.
El resultado es una política de vivienda diseñada para contentar a quien más ruido hace. Se castiga al pequeño propietario, se retrae la oferta y el alquiler sube más. Quienes dicen defender al inquilino acaban dejándolo con menos pisos entre los que elegir.
Hacen falta más viviendas, más seguridad jurídica y menos escenografía. La mayoría silenciosa también vota, y conviene no confundirla con quinientas tiendas.
Alberto Mendoza